El sector de la construcción fue el más castigado por la crisis económica que comenzó en 2008. Fue fruto de la burbuja inmobiliaria, de la alta especulación en el mercado de bienes inmuebles que comenzara a finales de los años 90, y tuviera desastrosas consecuencias. A nivel económico, trajo la nacionalización de cajas de ahorros, desahucios y despidos que pusieron en un apuro a las clases trabajadoras.
Una economía tan dependiente de la construcción iba a acusar los efectos de la crisis y del fin de la burbuja inmobiliaria, como fenómenos aparejados. Pero, ya en 2015, el informe de la Sociedad de Tasación hablaba de estabilidad en los precios en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y león, Murcia y País Vasco, e incluso un repunte en lugares donde estos habían caído de forma muy abrupta, como la costa de Andalucía y de la Comunidad Valenciana.
Ya por entonces se comenzó a hablar de recuperación y, si bien parte de la ciudadanía se quejaba de no verla reflejada en más empleo o mejores salarios, sí que se observaban movimientos en sectores como el de las reformas, asociado a la construcción.
Buenas condiciones
Un dato que apuntaba a esa posible mejoría en 2015 era el que aportaba el colegio de aparejadores, que aseguraba haber incrementado la concesión de visados en el ámbito de la rehabilitación, respecto a años anteriores. Un 11,46% más de permisos para tal actividad había concedido la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cecpo). Hablamos de cerca de 31.285 edificios para rehabilitar.
Empresas del sector, junto a sindicatos, se afanaban en reclamar a los gobiernos más ayudas económicas, de las que goza, por ejemplo, el automóvil. Y es que el Plan Cuatrineal anunciado por el Gobierno Central para 2013-2016, y que tenía por objeto dinamizar el sector, no había cumplido bien con las expectativas.
A principios de verano, la Xunta de Galicia se sumaba a esa previsión de que la reforma de edificios lideraría el resurgir de la construcción, y avanzaba en una ley para limitar las acciones en suelos nuevos. Desde Medio Ambiente se diseña una guía para la elaboración de estudios del paisaje urbano.
Políticas que han ido en la línea de las de otras comunidades autónomas, y que, a buen seguro, han sido bien acogidas por empresas de reformas integrales en Madrid que, aunque también se dedican a obra nueva, fijan su atención en las reformas de edificios.
Para terminar de animar a su contratación, proponen además condiciones muy suculentas: financiación del 100% de la obra hasta en 24 meses sin intereses, caso del grupo ADN. Y ello sin subcontratar servicios, realizando desde el proyecto y la tramitación de la licencia a la ejecución del mismo.
Qué reformamos
Reformar es una práctica más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, porque no se recurre a nuevos suelos. No solo responde a un deseo de quien habita la vivienda de cambiar algo que no le gusta, sino que, en muchas ocasiones, se trata de adaptarse a la normativa vigente.
Así sucede, por ejemplo, con la Ley de Accesibilidad en la Comunidad de Madrid, que insta a que los edificios cuenten con un ascensor o rampa cuando haya en él personas con discapacidad o mayores de 70 años. Un grupo dedicado a la rehabilitación debe encontrar la solución técnica más adecuada y económicamente más viable para suprimir las barreras arquitectónicas.
Se cuentan también en el campo de las reformas los trabajos verticales en fachadas, es decir, reparaciones de fachadas protegidas, la restauración de patios interiores y cornisas, las impermeabilizaciones, la sustitución y colocación de bajantes, chimeneas y canaletas o la aplicación de pinturas, además de diversos procesos de limpieza.
En la rehabilitación exterior también se cuentan los trabajos en cubiertas, tanto planas como onduladas, y los revestimientos de fachadas, en continuos y discontinuos.
Las empresas suelen contar con servicios (o, al menos, se valoran), como el Informe de Inspección Técnica del Edificio (ITE) y el preITE, los proyectos de obras, la tramitación de permisos y licencias, las direcciones de obra, la tramitación de subvenciones y ayudas, la coordinación en materia de Seguridad y Salud, los Informes Técnicos correspondientes, las cédulas de habitabilidad, las legalizaciones y las licencias de actividad.
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